En esta decisión, la Corte estudió las acciones de tutela presentadas por dos líderes indígenas que solicitaron a la Unidad Nacional de Protección (UNP) un esquema de seguridad frente a las amenazas que enfrentan en sus territorios. A Alejandro, líder del pueblo Nasa y rector de una institución educativa indígena, la entidad le calificó el riesgo como ordinario y le negó las medidas de protección. A Diego, integrante del pueblo Awá y concejal municipal, le reconoció un riesgo extraordinario, pero le asignó un esquema que él considera insuficiente frente a nuevas amenazas recibidas.
