La iniciativa radicada en el Congreso de la República propone actualizar el marco jurídico de la minería en Colombia con un modelo que fortalece el papel del Estado, impulsa la industrialización del sector, promueve la formalización de la pequeña minería y refuerza la protección del agua, los territorios y los trabajadores. Además, incorpora medidas para avanzar hacia una minería alineada con la transición energética, la acción climática y el desarrollo territorial.
