Por posibles actos de corrupción en un contrato de modernización de aulas.
Por estos hechos también fue vinculado el representante legal de la empresa a la que le fue adjudicado el contrato.
Se estableció que fueron desembolsados recursos públicos para compra de herramientas tecnológicas que no cumplían las condiciones de idoneidad y por otras que no fueron entregadas.
