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El contrato había sido suscrito en 2016 por el Departamento de Boyacá con la Fundación Obras y Servicios Sociales de Colombia “S.O.S”, con sede principal en el Departamento de Córdoba. Según determinó la CGR, el daño patrimonial se dio principalmente por mayores valores pagados por concepto de reconocimiento a estudiantes, diferentes a lo contratado. |
IMPORTANTE.
Jueza concluye que sí se violó el debido proceso legislativo en votación del Senado sobre Consulta Popular
"No hay duda que sí hubo violación al derecho fundamental al debido proceso legislativo'. Con esta contundente afirmación, el Juzga...
