La Constitución está por encima de la Justicia Indígena.

No se desconoce la autonomía que la Constitución y la jurisprudencia de la Corte les ha otorgado a las comunidades indígenas para ejercer su propia jurisdicción. Sin embargo, las limitaciones a su autonomía encuentran respaldo constitucional cuando se trate de proteger el núcleo esencial de los derechos fundamentales.

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