También quedarán fuera de la jurisdicción castrense, según el Ministerio, los casos de los llamados "falsos positivos", como se llama a las ejecuciones de civiles a los que se hacía pasar por guerrilleros para exhibir resultados militares en pleno conflicto armado.Este proyecto ha despertado numerosas críticas nacionales e internacionales. Ya Naciones Unidas, a través de doce expertos de derechos humanos, instó al Gobierno de Juan Manuel Santos a reconsiderar la propuesta. Ver: CONGRESO
