La Ley Orgánica 2199 de 2022, que rige la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, establece que los lineamientos regionales tienen jerarquía superior, obligando a los municipios asociados a ajustar sus planes de ordenamiento territorial (POT) y desarrollo. Esto restringe su autonomía y contradice los principios de participación ciudadana de la Ley 388 de 1997. Además, la eliminación de la consulta popular para la conformación de estas regiones (mediante el Acto Legislativo 02 de 2020) debilitó aún más la participación ciudadana, reduciendo la legitimidad democrática de la asociación a un mero cabildo abierto donde las decisiones ya suelen estar predefinidas por arreglos políticos.
